La señora Vima Rousseff, Presidenta de Brasil, al igual que su ilustre predecesor, el señor Luiz Inácio Lula da Silva, convencidos de que el Mundial de Fútbol del 2014 y las Olimpíadas 2016 sólo serán escenificables en su nación si se garantiza la seguridad personal de los millones de espectadores que asistirán a dichos magnos eventos, ya llevan un buen rato abocados a la tarea de eliminar –dar de baja, en el argot policíaco- a los cabecillas y activistas de las bandas que operan desde las favelas, bajo el imperio del narcotráfico.
El número de delincuentes caídos en esta acción de profilaxia social ha ido en descenso. Por ejemplo, en Río de Janeiro, cuando comenzó el operativo correspondiente, a los tanatorios de la ciudad ingresaban 60 o más cadáveres por semana. Hoy, la cifra se ha reducido a una decena, y se espera que baje a un dígito antes de que comience el fútbol.
No se trata de que los malhechores, por obra y gracia divinas, se hayan regenerado. ¡No, para nada! Ello no ocurre más que en las novelas rosa y en la mente de los defensores de los derechos humanos de Venezuela, que denominan “privados de libertad” a una cuerda de lombrosianos, cuyos prontuarios harían las delicias de los escritores de las novelas negras del decenio de los 30 del siglo pasado.
Nadie puede negar la ideología socialista de los camaradas Rousseff y Lula, ni tampoco su pasado revolucionario. Pero, de ahí a considerar a los narcopillos como “hermanos” caídos en desgracia, garantizarles inmunidad para sus atroces crímenes y hacerles sentir que gozan del aprecio del Ejecutivo –situación que si ocurre en nuestro país-, es algo que jamás les pasaría por las cabezas a los altos funcionarios de Brasilia, elegidos por voluntad popular.
Al más puro estilo implantado por los “escuadrones de la muerte” de boga en Río durante el decenio de los 60 del Siglo XX –recordados con admiración en el largo metraje “Fuerza Magnum” (1973) que protagonizara Clint Eastwood personificando al rudo Sargento Harry Callahan (a) “El Sucio”-, las brigadas SWAT de la Policía Carioca ejecutan, sin que les tiemblen las manos, a los conocidos criminales que se les enfrentan y no atienden la orden –la cual se da una sola vez- de echar las armas al suelo y salir con las manos en alto.
Para no dejar cabos sueltos, la irrupción a las barriadas populares va precedida de inteligencia y legalización de registros y arrestos. Cuarenta y ocho horas después de estas acciones extremas, a los arrestados –si los hubiere- se les acusa formalmente. En más de una oportunidad, las autoridades invitan a los medios a que les acompañen en sus labores, y en todo los casos se le entregan a la prensa videos y fotos referente a ellas.
Contrasta, decía al principio, esta actitud del “amigo Lula” y “la amiga Vima” con las sandeces, incongruencias y contradicciones que declaran los ministros encargados de mantener la paz y el orden público en Venezuela y los oficiales que comandan la Guardia cuyo honor ni se divisa.
La diferencia estriba no en la manera de interpretar la realidad social, económica y política de los gobiernos de allá y acá, sino en la caracterización de Venezuela como un “Estado forajido”, donde la camarilla que ejerce el poder forma parte de las redes que manejan el comercio ilícito, en general, y al tráfico de armas y sicotrópicos. Y al lavado de dinero.
No lo digo yo –carecería de importancia si así fuera-, sino los organismos extraterritoriales que le hacen seguimientos a estas actividades a escala global. Ya han sido señalados varios miembros importantes de la jerarquía –tres oficiales de la más alta graduación, un agente de inteligencia y un diputado al Parlatino-. Que los haya identificado una agencia “del Imperio” no desmerita en nada el valor objetivo que la información pudiera tener, sino todo lo contrario, pues nadie en EEUU se atreve a acusar a alguien de tan graves delitos sin acompañar sus denuncias con evidencias y pruebas concretas.
De manera que cuando uno de los presuntos implicados, el general Cliver Alcalá Bordones, anuncia que le pedirá a la Fiscalía que le investigue, me parece insuficiente. Porque la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ya se apresuró a declarar que no lo haría. Y el otro general señalado, el “cuatrisoleado”, hizo saber que aún cuando la oposición ganara las próximas elecciones, la Fuerza Armada no le traspasaría el mando a otro que no fuera Chávez.
¿Y cómo podría suceder algo diferente, si estos jerarcas saben lo que le espera en un régimen medio decente? Porque no me vengan con la vaina que a estos carajos, de comprobárseles sus crímenes, hay que “incluirlos”. Será en las listas de la Isla del Burro, El Dorado o Guasina. Es que sus nombres ni siquiera merecen conformar la nómina de algún “Estado forajido”, porque, en realidad, lo que han hecho de Venezuela es un “País de choros”.
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