Ni un centavo para Teresa

La interdependencia y separación de los poderes
Carlos Luis Carrillo Artiles, en su análisis La composición del poder público en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2001), reivindica el sentido y vigencia del principio de la separación de los poderes, implícito y explícito en la Carta Magna de 1999.
Para Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en todo lo Estado hay existen tres categorías del Poder Público: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La especialización la justifica en relación al equilibrio que debe existir entre los múltiples y diferentes órganos que ejercitan el Poder, única forma de garantizar los derechos y libertades individuales.
En 1922 Charles Eisenmann, en su ensayo L`esprit des lois et la séparation de pouvoirs, se preguntaba: ¿Cómo podría un poder detener a otro, si ambos no ejercen conjuntamente la misma función?
Carrillo responde que la interpretación clásica resulta errónea, pues ninguna autoridad está o puede ser habilitada para desempeñar la totalidad de estas funciones.
En la referida Constitución Nacional de 1999, los asambleístas, inspirados en una ilusión que su autor, Simón Bolívar, jamás desarrolló teórica ni prácticamente, creó el Poder Público Nacional, integrado por un quinteto de poderes: Ciudadano, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Legislativo. Antes de este acto, Allan Brewer Carías y otros reformistas del Derecho Administrativo, habían evidenciado y reconocido al Electoral el rango de un cuarto poder, representado entonces por el CSE, y hoy por el CNE.
Francisco y Luisa: ¿Quién les dio velas en este entierro?
Cuando Carmen Teresa Albanes, presidenta de la Comisión Electoral de Primarias de la MUD, negoció y pactó el Reglamento de los Comicios Internos del de la oposición con Tibisay Lucena, presidenta del CNE, cumplió no sólo con todas las normas jurídicas de la República, sino también –lo que a mi parecer es mucho más trascendente- con las que impulsaron y perfeccionaron la democracia y en los países civilizados, desde los enciclopedistas al presente.
Por eso, el tramparente magistrado Francisco Carrasquero López, vicepresidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, orinaron fuera del perol al multar por desacato y hostigar a Teresa, quien cumplió con su obligación de quemar los cuadernos electorales, manteniendo así el anonimato de los votantes con la finalidad de prevenir el acoso, la persecución y la sanción de dichos ciudadanos por parte del hamponato militar, delictivo y comunista que desgobierna a esta sufrida nación. Acto sin precedentes históricos y de corte nazi-fascista-estalinista, ideado por el finado Luis Tascón y ordenado por el Comandante Presidente, tras la recopilación de firmas para el referendo revocatorio del 2004.
Además de la meada mal direccionada, los susodichos califican on su conchupancia para corregir las debilidades del proceso como presuntos prevaricadores.
Según el DRAE: Prevaricación es el delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo.
El tramparente declaró en su contra: El Tribunal Supremo de Justicia actuó ajustado a derecho y no tergiversó la ley orgánica que lo rige en este caso.
Pero la norma asegura otra vaina –Artículo 404A del Código Penal-: La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Sin moral ni luces
Que los encumbrados dignatarios ignoren la forma y el fondo de la Ley es natural, pues tras la muerte de Carlos Escarrá y la desaparición de Luis Velásquez Alvaray, fichas rojas rojitas –pero al menos con 2 dedos de frente y cierto contenido jurídico en sus respectivas neuronas- las luces escasean en los ahora inseparables poderes público o, al menos, han bajado su intensidad a los niveles intelectuales del Guasón.
Velázquez Alvaray, por cierto, reapareció recientemente en Colombia, en un homenaje que las fuerzas vivas le rindieron a Gabriel García Márquez. Allí, en declaraciones dadas a Tal Cual, el prófugo ex magistrado y ex diputado, anticipó las posturas de José Vicente Rangel y Omar Mora en la actual disputa y rebatiña sucesoral, y habló sobre su novela, la cual ficciona la vida del fundador del Opus Dei.
Pero volviendo al inicio voy a exponer una anécdota de Raúl San Machado, referida a la limosna que más le ha dolido dar en su vida: Un bolívar para la Sierra.
Recuerda Raúl un la campaña en la cual casi todos los venezolanos cayeron cy a la cual también casi todos contribuyeron para brindarle apoyo logístico a las guerrillas de Fidel que luchaban en la Sierra Maestra.
A objeto de evitar un dolor semejante o aún peor, propongo no cotizar para el pago de la multa impuesta a la MUD.
Si usted, como yo, está convencido de que los cabecillas del CSJ y el Ministerio Público están cometiendo prevaricación al sancionarla de esta forma, su deber ciudadano es denunciar el hecho, y no caer en complicidades.
A su vez, los deberes de Ramón Aveledo y Teresa consisten desacatar una acción ilegal, y deslegitimarla por omisión; exponiéndose, sí, a que los lleven presos y mal recomendados, lo cual sería mmuy desagradabe para ellos pero muy bueno para Henrique Capriles, pues desataría un escandalazo mediático global, e incrementaría significativamente su votación del 7 de octubre, si es que hay elecciones para la fecha.
Pero, fíjese, amigo seguidor: No se trata de la cantidad, sino del principio. Gustoso ayudé a pagar la multa de Globovisión, aunque no concuerde con algunos de sus opináticos de oficio. Pero allí lo que se defendía era la libertad de expresión.
Por eso, la consigna debe ser: Ni un centavo para Teresa.