jueves 3 de septiembre de 2009
El pasado 27 de febrero, cuatro forajidos vestidos de negro, que portaban rifles, interceptaron el vehículo donde Germán García Velutini, presidente de Vencred y directivo del Banco Venezolano de Crédito, se trasladaba a su residencia, lo obligaron a descender de él y se lo llevaron secuestrado en una operación comando, similar a la que ejecutan los atracadores de camiones blindados.A más de seis meses de esta acción delictiva, la familia del plagiado sigue sin tener noticias del paradero de la víctima ni de las demandas de sus victimarios, y reclama una acción más efectiva de las autoridades respectivas que, en su momento, señalaron poseer numerosas pistas sobre los bandidos y, por lo menos, cuatro personas más que cooperaron en el acto.
Todo lo relatado anteriormente ocurrió en horas diurnas, frente a la mirada atónita e impotente de los vecinos de una urbanización de clase media de Caracas, cuya calle principal conecta con la vía rápida que bordea el norte de la ciudad, la denominada Cota Mil.
Las características de este suceso llevan la impronta de la narcoguerrilla colombiana, y todo hace presumir que García Velutini debe encontrarse ahora en algún escondrijo del país vecino, suerte que comparten –según han denunciado públicamente las ONG que se ocupan de ello- más de 50 compatriotas sin que el gobierno se esfuerce mucho en rescatarlos, ya que parecieran no ser políticamente importantes.
El modus operandi de este tipo de procesos, ampliamente comentado por la prensa internacional y hasta llevado al cine en filmes como Prueba de vida, implica un período más o menos largo de silencio para obligar a la familia del secuestrado a negociar con sus captores, la negociación propiamente dicha y, en el mejor de los casos, su liberación. Vale la pena anotar que estos procedimientos chocan con la normativa legal vigente en Venezuela, que penaliza cualquier actuación diferente a la intermediación de la seguridad del Estado.
Hasta aquí, y pese a los justos reclamos de la familia de García Velutini, el delito cometido –con todo lo trágico que representa para la víctima y sus allegados- es uno más en esa lista infame e infamante que la narcoguerrilla carga a cuestas y que no tiene más ideología que el afán de lucro, la pura y simple avaricia, dígase lo que se diga. Un delito que se volvió común y corriente en Colombia, hasta que el gobierno del Presidente Uribe le puso un parado, y que, de este lado de la frontera ha venido in crescendo a partir del año 1999. Un delito que también se ha puesto en boga en México, sin que sus operarios aleguen alguna causa noble al respecto, y que está íntimamente vinculado con la potenciación del comercio ilícito, a escala global, y la proliferación de sus carteles en esquemas celulares menos vulnerables a la acción represiva que las antiguas organizaciones piramidales.
Hasta aquí, como señalábamos anteriormente, no hay nada nuevo, y la noticia que comenzó en la primera página de todos los diarios corre el riesgo de ir desapareciendo paulatinamente de los medios, de no mediar circunstancias muy particulares.
Aunque el secuestro se aplicó al principio en Venezuela a los productores del campo, basado en ese prejuicio de la izquierda latinoamericana que identifica a nuestros esforzados empresarios con los antiguos latifundistas rusos –con quienes en verdad nada tienen en común-, hoy se extiende al resto de las personas pudientes y hasta a la clase media en su modalidad exprés.
Sin embargo, siempre hubo una categoría de ricos a quienes los narcoguerrilleros se cuidaban de tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa, la de los banqueros. ¿Por qué? Porque aún el hamponato político y guerrillero requiere de ellos y de sus instituciones para sus operaciones financieras. La última referencia conocida en Venezuela que victimizó a alguien relacionado con los bancos pasó hace décadas, y proyectó sucesiva y rápidamente al negociador de entonces, un modesto gerente de sucursal del Banco de Venezuela, el estudiante de Derecho Carmelo Lauría, a la presidencia del ente y a las alturas del poder como ministro de varias carteras durante la primera gestión de Carlos Andrés Pérez.
¿Por qué entonces se rompe la tradición, por qué ahora y por qué con García Velutini precisamente?
En primer lugar, nótese que García Velutini se desplazaba en Caracas sin temor, sin guardaespaldas ni camionetas blindadas: El que no la debe, no la teme. Y es que el Banco Venezolano de Crédito resulta modélico desde el punto de vista organizacional, y es un mentís a que aquí no se puede hacer dinero sino por debajo de la mesa. Desde su fundación, se caracterizó no por ser el más grande o el que ganaba más dinero, sino por el manejo profesional y transparente del dinero de sus ahorristas, inversionistas y deudores, dentro de la mejor planificación, en actualización permanente y con apego a los valores tradicionales de la venezolanidad. Esto le permitió superar todas las crisis habidas, y convertirse en una excelente herramienta para hacer negocios, pero no negociados.
En segundo lugar, los García siempre han manejado su riqueza bien habida, trabajada con mucho esfuerzo y dedicación, sin pompa, boato ni saturación mediática. Sus fiestas no aparecen en las revistas o crónicas sociales, y sus trapos sucios -si los hubiera- se lavan en casa. Esta es una segunda gran diferencia. Nos consta personalmente, pues fuimos compañeros de trabajo de Sofía García en un programa radial, a quien un cruel padecimiento se la llevó prematuramente de este mundo, y la que fuera esposa de Germán y madre de sus hijos; y no hubo -en nuestra experiencia- persona mas amable, laboriosa y menos poseída que ella en su trato diario, lo cual representaba el reflejo exacto de su relación familiar.
En tercer y último lugar, Oscar García Mendoza, hermano de Germán, es uno de los pocos banqueros –por no decir el único- que se ha manifestado públicamente a favor de un cambio democrático en el país, en numerosas ocasiones y con apoyos muy efectivos al respecto. El Banco Venezolano de Crédito fue el primero en denunciar las triquiñuelas de Cadivi en contra de los viajeros venezolanos al exterior, y el primero –y hasta ahora también único- en rehusarse a seguir pagando dólares sin la debida y oportuna contraprestación. Y también fue la institución elegida por la fundación que realizó la colecta nacional para pagar la multa que Conatel le impusiera a Globovisión, no porque contara con el mayor número de sucursales, sino porque otros ni siquiera quisieron oír hablar del asunto, previendo que esta iniciativa se convertiría al final, como en efecto se convirtió, en un referendo a favor del acosado canal independiente.
En el manual básico del guerrillero, la Guerra revolucionaria, escrito por León Trotsky, se enfatiza cómo las penas máximas impuestas a los enemigos, además de un contenido estratégico deben poseer un sentido pedagógico. Se castiga a alguien notorio para amedrentar a los demás. Ojala éste no sea el caso, nuestra conjetura no pase de un desvarío y el secuestro de García Velutini termine rápida y satisfactoriamente.
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