De eso no se habla…

Quien roba a otro ladrón

ha cien años de perdón

Francisco de Quevedo

Tres monos sabios

Carlos E. Aguilera, en su artículo Odebrecht y el silencio de Maduro (careduagui@gmail.com), publicado en El Nacional hace un par de días, manifiesta suprema extrañeza en virtud de que, hasta la fecha, el escándalo de la tristemente famosa constructora brasileña no ha embarrado aún a ningún funcionario público venezolano. Se apoya Aguilera en la declaración de Emilio Odebrecht, padre del detenido, convicto y confeso Marcelo, ex presidente de la firma–: Si mi hijo es condenado, el gobierno brasileño tendrá que construir tres celdas más: una para él, otra para Lula y otra para Dilma.

Mientras ambos ex presidentes han sido implicados y esperan se inicien procesos en su contra, en Venezuela –según las investigaciones de la Corte estadounidense– en el período comprendido entre el 2006 y 2015, Odebrecht efectuó pagos sobornos estimados en US$ 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios, para ganar o retener contratos de obras públicas. Solo el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y el diputado Freddy Guevara solicitaron una investigación urgente, sin que Pdvsa, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y mucho menos Nicolás Maduro hayan hecho pronunciamiento alguno.

El monto antes señalado formaría parte de una pequeña porción de lo que Odebrecht entregó a los corruptos nacionales, especialmente a los candidatos del Psuv y la MUD para las elecciones presidenciales del 2013, en las cuales Maduro supuestamente habría recibido US$85 millones y Capriles el resto.

Afirmo que se trata de una porción pequeña, porque, desde 1992, Odebrecht ha venido ejecutando desarrollos agroindustriales, gasíferos, petroquímicos infraestructurales, industriales, petroquímicos y petroleros en el país, con una mano de obra de 6 mil trabajadores su servicio .

Los proyectos de Odebrecht en Venezuela, en la mayoría de los cuales ha habido mora en sus cronogramas, son: Centro Lago Mall,  en Maracaibo (1992); Línea 5 del Metro de Caracas, sobre el que ni siquiera hay fotos sobre el avance de las obras (1998); II Puente sobre el Orinoco en Puerto Ordaz, aún con la vía férrea faltante (2000); Línea 1 del Metro de Los Teques, entregado en parte (2002); Planta Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), cruda; Estaciones Guaicaipuro e Independencia del Metro de Los Teques, Línea 2 del Metro de Los Teques (2013). Metros Caracas–Guarenas–Guatire, Maracaibo y Valencia; Metrocables Fila de Mariches y La Charneca. Viviendas sociales en El Chorrito, Altos Mirandinos; Mejoras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía; II Puente o túnel bajo el Lago de Maracaibo; Ferrovías entre Acarigua y Cúa. Para su financiamiento, Odebrecht obtuvo, en muchos casos, hasta un 80% de los costos totales de su financiamiento, avalado por Venezuela, del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), a quien la prensa local ha catalogado como–: La caja chica de Lula y Dilma.

Tal afirmación demuestra que los vasos comunicantes en la corrupta red  integrada por Odebrecht, Lula y la depuesta Dilma Rouseff fueron bien importantes. El historial de estos ilícitos, penado por todas las legislaciones donde Odebrecht obtuvo jugosos contratos y lavó dinero proveniente de los mismos, data de varios años; según las evidencias y pruebas recabadas por la corte estadounidense, la cual basó su actuación en la aplicación del artículo 183 de la Convención de ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada por Venezuela.

"La escuela de los vicios" de Quevedo, dando la hora en Madrid

Esta acción develó los oscuros negociados de la constructora brasileña, y promovió severas y profundas investigaciones los países donde Odebrecht actuó, que son los siguientes:

1.  Las denuncias en EEUU indican que, en Argentina, Odebrecht sobornó a varios funcionarios gubernamentales entre el 2004 y el 2015 por US$ 35 millones de dólares, por lo cual el gobierno de Macri  ha emprendido las investigaciones pertinentes

2.    Entre el 2009 y el 2014, Odebrecht entregó en Colombia más de US$ 11,1 millones en dádivas para asegurar sus contratos de obras públicas. Por eso, la Secretaría de Transparencia canceló unilateralmente sus contratos con Odebrecht, mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez ordenó la detención de Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte, acusado de recibir US$ 6,5 millones en el 2009, así como del ex senador Otto Bula.

3.   En Ecuador, la empresa sobornó a empleados públicos, entre el 2007 y el 2016, por unos US$ 33,5 millones de dólares, por lo que  Rafael Correa solicitó identificar a los involucrados para aplicarles todo el rigor de la Ley. Las autoridades ecuatorianas, comentaron que, en el 2008, la constructora brasileña había sido expulsada por mala gestión.

4.   Según la justicia estadounidense, entre el 2013 y el 2015 Odebrecht pagó sobornos en Guatemala por US$ 18 millones

5.   Los documentos estadounidenses también revelaron que, entre el 2010 y el 2014, la constructora canceló mas de US$ 59 millones en coimas en Panamá

6.    Entre el 2005 y el 2014 Odebrecht aparece relacionada en Perú con pagos de US$ 29 millones, que le generaron más de US$ 143 millones de dólares en contratos, por lo cual el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski exigió una profunda investigación

7.    En el caso de México, Jorge Castañeda, en su artículo Gasolinazo, Odebrecht y Lozoya (17 de enero de 2017) asevera–: Los documentos divulgados por la corte estadounidense mencionan que, entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó US$ 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” y obtuvo a cambio beneficios por 39 millones de dólares. No se mencionaron los nombres de los funcionarios, ni la paraestatal, pero se supuso en los medios especializados que se trata de Pemex, que 6,5 millones del total fueron entregados entre finales de 2013 y mediados de 2014, para asegurar, se especulaba, contratos de construcción del complejo Etileno XXI en el sureste y de la construcción de la segunda fase de Los Ramones en el norte. “Animal Político” reveló que en octubre de 2013, semanas antes del primer pago, el presidente de la constructora, Marcel Odebrecht se reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Función Pública y el SAT de inmediato anunciaron que investigarían todo.

8.   Entre el 2001 y el 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos en República Dominicana por un monto de US$ 92 millones, por lo que la Procuraduría General de la República se activó inmediatamente, solicitando toda la información recopilada al respecto.

Aguilera cree que al asalto de los fondos públicos, por funcionarios que se persignan con la mano izquierda –en nombre de la revolución socialista chavista-madurista–, al inexplicable incremento de su patrimonio, al despilfarro de los dineros estatales, al abuso y manipulación de las instituciones públicas y a los jugosos contratos chinos y rusos–: Se suma este escandaloso hecho, que pone al descubierto la red corruptiva en el gobierno socialista, marxista y mal llamado bolivariano, y el inexplicable silencio de Nicolás Maduro sobre este hecho, que pone en tela de juicio la probidad de quienes detentan el poder.  El que calla otorga, reza un proverbio romano.

Lo cierto es que, para el Ministerio Público de EEUU, entregó aproximadamente US $788 millones en comisiones bajo la mesa, en 12 países iberoamericanos y África, y que dichas cantidades estuvieron vinculadas con más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, dinero que enriqueció a más de un funcionario público.

En Venezuela, el  Artículo 61 de la Ley de Corrupción de Funcionario, tipifica como corrupción impropia el hecho del funcionario público que, por actuar en sus funciones. recibe para sí mismo o para otro, retribuciones que no se le deben o cuya promesa acepte. En este caso, la pena de prisión es de 1 a 4 años, complementada con  multa hasta el 50% de lo recibido o prometido, previéndose la misma pena para el extraño que corrompe, esto es, ofrece o entrega el dinero, retribución o utilidad no debidas –corrupción activa–.

En el Artículo 62 se describe la corrupción propia o hecho por el cual el funcionario público, por retrasar u omitir algún acto funcional o por efectuar alguno contrario al deber que le impone la Ley, recibe o pide dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o a través de un tercero. La sanción en este caso es prisión de 3 a 7 años, y multa hasta el 50% del beneficio recibido o prometido, pena que asimismo recae sobre quien da o promete el dinero y a quien funge como persona interpuesta.

El DRAE define a la corrupción como–: Acción y efecto de corromper o corromperse. Alteración, soborno o vicio en las cosas materiales. De éste concepto surgió la conocida frase–: Tan corrupto es quien da como el que recibe; por lo cual la ley sanciona con igual dureza a ambas partes.

La corrupción puede darse en todos los ámbitos del quehacer humano, pero ella recae en el ámbito penal cuando se refiere a delitos contra la administración pública, dentro de los cuales se encuentran el cohecho y el soborno.

El DRAE establece como una de las acepciones de corromper, el soborno o cohecho de un juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; y al soborno como–: Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos. Y, con respecto a soborno, acota: Dádiva con la que se soborna; entendiendo por sobornar-: Corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo. Y, sobre concusión, asienta: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.

Este pequeño repaso final a los significados del ancho mundo de la corrupción desatada por Odebrecht no es un vano ejercicio semiótico, su objetivo es llegar a la hipótesis que también sugiere el embajador venezolano Milos Alcay (Escándalos de Odebrecht, salvo en Venezuela, 13 de enero del 2017, @milosalcalay) –:Pese a que los contratos del gobierno de Lula con los de Chávez y Maduro fueron muy ventajosos para los políticos que buscaban enriquecimiento “ilegal exprés”, los famosos magistrados del Poder Moral actúan en Venezuela como si no fuera con ellos. Y desechando asimismo los casos de otras constructoras, que pervirtieron su funcionamiento con el BNDS, Petrobras, o las denuncias sobre la operación Lava Jato que distribuyó entre sus beneficiarios millardos de dólares desde el 2001 al 2016, estando hoy muy tranquilos pese a sus fechorías.

No sucede así en otros países, donde sus políticos se beneficiaron -–en menor medida que en Venezuela-–, pero la fuerza de las denuncias obligó a sus gobiernos a reaccionar de manera firme.

¿Y por qué aquí nadie dice, mi  apreciado embajador? Porque está embarrado medio mundo, en el gobierno y la oposición. Porque si repartían Lula y Dilma, a lo mejor también lo hacían Hugo y Maduro. O como decían algunos adecos, al regresar de su exilio el 23 de enero de 1958–: ¡En mi hambre mando yo!  Por eso, aquí, de eso no se habla…