Pon tu barba en remojo

La OLP no tiene nada que ver con la Palestina, pero se le parece mucho

Debido al compromiso del Departamento de Estado de EEUU con Nicolás Maduro de atornillarlo en el poder, por lo menos hasta que Obama entregue la presidencia, Miraflores se ha visto obligado a  destituir a varios de sus encumbrados narcosoles, siendo uno de los más notables de los enlistados de la DEA el general Néstor Reverol, Comandante de la Guardia Nacional hasta el 7 de julio del presente año. Para reemplazarlo. nombró Antonio Benavides Torres, quien actuaba de segundo al mando.

La estrategia de la GN durante la jefatura de Reverol –aparentemente continuada por su sucesor– está enmarcada dentro de la política de la OLP, que no es la Organización de Liberación Palestina sino la Operación de Liberación del Pueblo, pero que se parece mucho a su homóloga levantina en actuaciones solapadas y terrorismo.

A mediados de año,  por ejemplo, la GN se apersonó en un barrio de la Panamericana. Con precisión militar, desalojaron a vecinos escogidos, los pasaron por las armas, saquearon sus posesiones y tumbaron sus ranchos. Seguidamente, llegaron obreros y equipos de construcción, alisaron los pisos y levantaron allí viviendas en tiempo récord, las cuales fueron ocupadas, casi de inmediato, por miembros de los colectivos.

Aunque hubo denuncias sobre estos actos de barbarie, no se les paró porque el público estaba embelesado entonces por la detención del criminal serial José Antonio Tovar alias el Picure, de quien aún no se sabe si sigue vivo pues, durante una entrevista realizada por Patricia Poleo, Iván Ballesteros aseguró que al maleante lo sacó del país el gobierno nacional y vive ahora en Portugal; así como por la captura de los asesinos de Mónica Spear y su cónyuge. Regresando a la estrategia de la OLP, ésta, supuestamente, asigna cuotas periódicas de bajas entre los delincuentes a cargo de los denominados Grupos de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje de los uniformados verde oliva.

Esta política no es nada novedosa. La utilizaron los nazis, los fascistas, los ejércitos aliados de ocupación, los franquistas, los carteles mexicanos de la droga, las policías de Guerrero y Jalisco en México y los comunistas en diferentes ocasiones. Recientemente, la empleó la defenestrada Dilma Rouseff para imponer el orden en las favelas de Río, antes de las Olimpíadas. Se caracteriza por aterrorizar al resto de los delincuentes –en una especie de prevención a lo mero macho– y conseguir un voluntariado de informantes in situ –para las ejecuciones a posteriori–. Lo malo es que, los malandros se esconden y camuflan, pero no se enmiendan ni desaparecen; y, ante la falta de blancos ciertos, los francotiradores del Estado se desplazan hacia objetivos inciertos, qué es lo que ja sucedido, este mes, en Barlovento y Cariaco.

Cronología del crimen colectivo cometido por la OLP en Barlovento

Los forenses desentierran los cuerpos de los campesinos abatidos por el Ejército

En los valles de Barlovento, Estado Miranda, los verdugos fueron efectivos del Ejército, integrantes de un Grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje, desplegado en la zona desde octubre pasado. Las víctimas eran 12 muchachos, asesinados por la OLP en un operativo  públicamente elogiado y calificado de éxito por Néstor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia, poco después de las desapariciones.

Aunque vecinos y familiares intentaron averiguar el paradero de los jóvenes, las autoridades les negaron, reiteradas veces, cualquier pista para ubicarles. Eran, en su mayoría campesinos, algunos de ellos analfabetas. En vida se llamaban Eliécer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennis Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena; detenidos ilegal y arbitrariamente el 15 de octubre de 2016. Sus allegados denunciaron ante varios organismos lo ocurrido. El 25 de noviembre, aparecieron sus cadáveres en dos fosas comunes, en los municipios Acevedo y Brión. Aparentemente, hubo otros 2 occisos en las fosas comunes, a los que nadie ha podido hasta ahora identificar, por lo cual este magnicidio castrense pica y se extiende.

Los familiares empezaron a buscarlos desde que faltaron a sus hogares. Preguntaron a las autoridades por ellos, mas nunca les informaron sobre su paradero.

El 7 de octubre se inicia la exitosa OLP en 6 municipios mirandinos, con un total de 1.300 efectivos de la GN, el Ejército y miembros de la Policía Nacional, Estadal y Municipales.

El 15 de octubre La OLP llega al pueblo La Peica de Aragüita. A las 6:40 pm arrestan en su morada a Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad. Junto a con él, son detenidos otros 19 jóvenes de la comunidad y sus aledaños. Se les imputa pertenecer a bandas de extorsión y robo de vehículos de la zona. Posteriormente, Reverol insinuaría también su pertenencia supuesta a los paramilitares colombianos, que son los culpables obligados de todo lo malo que hace este gobierno.

El 18 de octubre crece la inquietud entre los familiares pues desconocen el paradero y status de los aprehendidos. En la población de  El Café les informan que allí no están. Al final del día, las autoridades les notifican que fueron llevados al Fuerte Chaguaramal, en Cúpira. Al acudir a dicho cuartel, nadie sabe nada del asunto; por lo cual acuden al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, donde les participan que intentarán lo sucedido.

Ese mismo día, Reverol, hace autobombo de la OLP en Barlovento. Recuerda que en el municipio Acevedo, el mismo donde detuvieron a los jóvenes, fue localizada una caleta donde mantenían cautivos a los secuestrados. Habla sobre la banda criminal El Anohis, que operaba allí,  y que había sido desmantelada tras varias operaciones. Sus integrantes, en dos enfrentamientos sucesivos, enfrentarse con la Policía Nacional cayeron abatidos entre el 16 y el 17 de octubre.

Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz da fe que el reclamo sobre los desaparecidos de Barlovento está en curso. El Ministerio Público comenzó a actuar en el caso. Días más tarde se establece que ninguno de los muchachos tenía antecedentes penales, relaciones con las bandas delictivas dela región, ni mucho menos con los paramilitares colombianos. También confirma que fueron detenidos por efectivos militares, ilegal y arbitrariamente, pues no se dieron ni el supuesto de flagrancia ni la orden judicial correspondiente.

El 21 de octubre liberaran a 8 de los 20 detenidos, tras haber sido –según los allegados–: Salvajemente torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído.

El 7 de noviembre el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) insta Nicolás Maduro, Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab a dar con el paradero de los jóvenes y garantizar su seguridad e integridad físicas. La Red de Apoyo que logra este pronunciamiento ha denunciado previamente detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza,  conformando éstos delitos de lesa humanidad.

El 25 de noviembre funcionarios del CICP y el SEBIN hallan los cuerpos de los restantes desaparecidos enterrados en fosas comunes. En La Maturetera consiguen 2 cadáveres, en la vía del Parque Nacional Guatopo, encuentran a 10. Las pruebas forenses determinan  que las víctimas fueron asesinadas poco tiempo después de haber sido detenidas.

El 26 de noviembre Reverol informa la detención de los presuntos implicados: el comandante José Ángel Rojas; el mayor Luis Eduardo Romero; los sargentos Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romí Antón y Miguel Francisco Rodríguez; y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel.  En horas de la tarde, el Ministro de la Defensa rechaza lo ocurrido y aclara que fueron 11 y no 8  los funcionarios implicados. Revela, de paso, que se trató de miembros del Ejército que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje.

Estos hechos contravienen el ordenamiento jurídico y no representan en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los soldados de la patria–: afirma el general Vladimir Padrino López.

La Masacre de Cariaco

El pueblo carga los féretros de los pescadores asesinados por la GN

Mientras los verdugos del Ejército actuaban en Barlovento, 9 pescadores fueron asesinados por la GN en El Porvenir, municipio Ribero, Estado Sucre.

Los muertos fueron identificados por las autoridades como Luis Rodríguez, Miguel Ángel Acosta García, Javier Rodríguez, Jesús Ramón Rodríguez, Eduardo Jiménez, Carlos Cabello, Jesús Rodríguez, Yairinson Rodríguez García y Elvinson Arias Cabello.

Además, fueron heridos de balas e ingresados al Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano otros 3 ciudadanos, identificados como Ramiro José Rodríguez Brito, José Rafael Rodríguez Brito y  Samir Urbina.​

Testigos presenciales reportaron que a las 10 de la noche del 11 de los corrienres, los jóvenes estaban sentados, bebiendo y compartiendo, mientras esperaban el pago de la faena del día –pues laboraban para una empresa pesquera del sector–, cuando 6 encapuchados llegaron al lugar y los asesinaron sin mediar palabras.

Paralelamente se produjo otra agresión infundada contra dos jóvenes en su casa, a quienes sacaron a empellones y les preguntaron dónde estaba una persona. Como no lo sabían, les liquidaron en medio de la calle.

Los testigos reportaron que una patrulla policial escoltaba a los encapuchados.

Los vecinos de El Porvenir protestaron la mañana del sábado en la Troncal 9, cerrando la vía y exigiendo se hiciera justicia ante los asesinatos perpetrados.

Antes de las 9 de la mañana del sábado, funcionarios del CICPC y el SEBIN se desplazaron al pueblo para iniciar las investigaciones.

Los GN fueron detenidos e imputados por la Fiscalía por homicidio intencional calificado con alevosía contra por Carlos y Luis Cabello, así como agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado. Se trata del teniente Aldo Rafael Del Naza y los sargentos César Rafael Fuentes, Anthony José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidor.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal del caso, el Tribunal 2º de Control del Primer Circuito Judicial de Sucre dictó la medida privativa de libertad para los 5 funcionarios, quienes serán recluidos en la sede del Instituto Autónomo de la Policía en Cumaná.

Lo grave de los casos analizados es que se trata de asesinatos y pillaje reiterados cometidos, por ahora, contra ciudadanos de los sectores más desprotegidos de la sociedad venezolana, campesinos y pescadores, pero que pudiera entenderse como ejercicios de calentamiento para reprimir al resto de la población, si fuere el caso. Que los autores materiales son uniformados, y que ningún soldado procede así si no está amparado por órdenes de la superioridad. Dos sucesos de esta envergadura, desarrollados en paralelo y casi simultáneamente, no pueden ser coincidencias, sino sincretismos. Ha llegado la hora de tomar conciencia sobre la actitud de los militares en Venezuela ya que, cuando veas arder la barba de tu vecino, pon la tuya en remojo.